DIONICIO MANTILLA LEÓN. 911/20
A pesar de que el 86% de la población peruana se ha pronunciado (A través de la ultima encuesta Ipsos Apoyo) en el sentido de que el Congreso de la República respete el mandato presidencial de Martín Vizcarra y lo deje culminar su gobierno el 28 de julio del 2021 ese Poder del Estado lo vacó del cargo por 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones. Es así como, las fuerzas que representan a algunos grupos de poder político y económico del país que del populismo y la demagogia han hecho sus principales estrategias de trabajo legislativo han ganado la partida inaugurando así un periodo de incertidumbre que crea muchas incógnitas y dudas.
Una de ellas es la instauración de un gobierno que lesiona la democracia por cuanto el nuevo Ejecutivo nace y se erige sobre los cimientos del Poder Legislativo, es decir, constituirá un gobierno aparentemente no presidencialista sino parlamentario sin una pizca de equilibrio democrático de poderes estatales como así lo manda nuestra Constitución Política, un gobierno que carecerá de un contrapeso democrático que lo fiscalice y, en donde, Manuel Merino de Lama, asumirá como “Presidente del Congreso de la República la encargatura de la Presidencia de la República”. En otras palabras, tal como lo dice la Constitución Política, habrá de ostentar literalmente la presidencia de dos poderes del Estado: Legislativo y Ejecutivo.
Para nadie es desconocido que dentro del Parlamento existen representantes o personas ligadas principalmente a la educación privada universitaria de cuyas utilidades, provenientes de millonarias exoneraciones tributarias, se nutren varios partidos políticos allí representados los que desde un comienzo de su labor han intentado traerse abajo a la SUNEDU entidad que vela por la vigencia de la calidad universitaria. Tampoco es desconocido que en este Poder del Estado existen agrupaciones políticas extremistas cuyo máximo afán es poner en libertad a su líder máximo, Antauro Humala, y poner en agenda propuestas violentistas. A ellos se unen agrupaciones cuyos miembros no quieren perder los beneficios económicos que trae consigo el ejercicio parlamentario razón por la cual algunos de ellos pidieron al entonces Presidente Vizcarra la postergación de la fecha de elecciones. Martín Vizcarra ha sido destituido bajo el ropaje del respeto a lo que manda la ley aunque existen marcadas evidencias de que responde a intereses personales y de grupo de por medio
El día de ayer escribiendo una negra página en la historia de nuestra patria el Congreso de la República vacó al Presidente de la República Martín Vizcarra interpretando a su manera el tenor del artículo 113 de nuestra Constitución Política que estipula la vacancia por “incapacidad moral permanente” basado en denuncias no comprobadas de aspirantes a colaboradores eficaces cuando las investigaciones del Ministerio Público recién han comenzado y sin tomar en cuenta el artículo 117 que manda que sólo puede ser acusado por el Poder Judicial, al término de su mandato y previa investigación. Una actitud seudo moralizadora del Congreso que no mira en su interior a tipos cuestionados y hasta con sentencia judicial, ni más ni menos, que mirando así “la paja en ojo ajeno y no la viga en el propio”. Merino de Lama asume la presidencia creyendo que emula a Vicente Paniagua a sabiendas que las diferencias de personas y circunstancias no son las mismas.
Consumados los hechos políticos lo que queda a la ciudadanía en esta hora difícil que vive la patria es asumir una actitud de vigilancia y de plantear la vigencia y respeto a la agenda que interesa al país: El respeto irrestricto a la fecha fijada para las elecciones presidenciales del 11 de abril de 2021, la continuación de las obras positivas que ha venido implementando el gobierno de Martín Vizcarra, la no inclusión dentro del futuro Gabinete Ministerial de representantes de agrupaciones políticas extremistas y el pleno respeto de nuestra Constitución Política.
Resulta oportuno señalar que la mayoría de peruanos no ponemos las manos sobre el fuego por Martín Vizcarra y que optamos porque sea investigado por el Ministerio Público y juzgado por el Poder Judicial, pero esto no significa desconocer las bondades de su gobierno en un escenario muy difícil marcado por la pandemia con sus nefastas consecuencias de dolor y muerte, así como de recesión económica y desempleo, pero lo que es preciso también remarcar es que su gobierno se ha visto mermado en su accionar por carecer de un partido político y no tener una bancada parlamentaria propia y por errores políticos personales en el que resalta su ánimo confrontacional rasgo impropio de un estadista en el que el consenso, diálogo permanente, respeto a los demás poderes del estado y las organizaciones sociales y gremiales debió ser permanente.
Finalmente, reiteramos, una vez más, nuestro rechazo a las fuerzas oscuras que se han movido detrás de esta vacancia y nuestra posición de mantenernos vigilantes al accionar del nuevo Presidente de la República y el entorno que lo va a acompañar.