De 8 7 mil mineros inscritos en el Reinfo, solo 11 mil se han formalizado

La minería ilegal se ha convertido hoy en la primera economía criminal en el Perú por encima del narcotráfico y su expansión constituye una amenaza para el orden interno y la seguridad nacional, señaló Angela Grossheim Barrientos, experta en administración fiscal y directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

 

Grossheim indicó que la minería ilegal es fuente principal de lavado de activos y está asociada con actos de corrupción y otros delitos, como el sicariato, trata de personas, trabajo infantil, extorsión, usurpación de terrenos y atentados violentos. “Muchos relacionan la minería ilegal únicamente con determinadas áreas geográficas en el país, pero hoy en día se ha expandido por todas las regiones y con ello se expanden también los graves impactos ambientales, sociales y económicos que deja su paso”, subrayó.

 

Sobre el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal iniciado hace 20 años, recordó que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) se creó por un plazo determinado estableciendo requisitos básicos para que los informales se formalicen, “pero lamentablemente no ha funcionado porque de los más de 87.000 inscritos solo 11.000 se han formalizado”. Resaltó además que el Reinfo sirve como herramienta para encubrir a mineros ilegales que, una vez inscritos y sin control de cumplimiento, pueden continuar con sus actividades delictivas sin ser procesados por el delito de minería ilegal.

 

Añadió que según datos recientes del Ministerio de Energía y Minas y otras instituciones nacionales, la diferencia entre el oro que exporta el Perú y la producción declarada por las empresas mineras formales es de 45 %, lo cual implica una pérdida significativa en recaudación de impuestos y regalías que podrían servir para atender las necesidades de la población más vulnerable del país. “Necesitamos una política, una estrategia integral y efectiva de lucha contra la minería ilegal, impulsada con un trabajo conjunto entre sector público, privado y la sociedad civil”, enfatizó.

 

Lima, 11 de enero de 2024